El proceso monitorio se conoce como una vía rápida y eficaz para la reclamación de deudas sin límite de cuantía. Fue creado por la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 y desde entonces se comporta altos porcentajes de éxito en la gestión de cobro.

Ventajas del procedimiento monitorio.

Este procedimiento ofrece una serie de ventajas:

  • Se trata de un procedimiento en el que puede reclamarse cualquier cantidad, sin establecer un importe mínimo o máximo para poder iniciarlo.
  • Es un procedimiento abreviado y sus requisitos formales son mínimos.
  • No requiere abogado ni procurador.
  • Su tramitación es fácil, ya que bastará con formular la reclamación en el Juzgado de Primera Instancia (el que competa al deudor).
  • El Juzgado, una vez recibida la notificación y admitida a trámite, concederá al deudor el plazo de 20 días para que proceda a realizar el pago.
  • Este procedimiento puede llegar a ser ejecutivo.
  • Es una vía legal, económica y efectiva.

 

Tasas Judiciales procedimiento monitorio

Con respecto a las tasas judiciales:

  • El importe de las tasas del juicio monitorio será de 100 euros más un porcentaje sobre la cuantía que reclamemos.
  • Cuando la cuantía de la petición inicial del procedimiento monitorio no supere los dos mil euros se estará exento del pago de la tasa judicial.
  • Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita tampoco tienen obligación de abonar la tasa judicial.
  • La cuantía variable, que dependerá de la cuantía que reclamemos en el proceso; sobre esta cuantía, las personas físicas pagarán el 0,10% de la cuantía, y las personas jurídicas el 0,50%.

 

Ultimas modificaciones procedimiento monitorio

Este procedimiento ha sufrido diferentes modificaciones, algunas de ellas recientemente:

A partir del 28 de febrero de 2015 las personas físicas no tienen que pagar tasas judiciales; las Comunidades de Propietarios se consideran personas físicas.

La última modificación se hizo pública con la Sentencia  140/2016 de 21 de julio del Pleno del Tribunal Constitucional, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que declaraba la inconstitucionalidad y nulidad de las tasas fijadas tanto para el acceso a la jurisdicción como para la interposición de recursos al considerar que las cuantías desproporcionadas vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos (artículo 24 CE).

Las tasas afectadas son solo las exigidas a las personas jurídicas, dado que las reformas posteriores operadas en 2013, que redujo la cuota para las personas físicas; y la mencionada anteriormente de 2015, que eximió del pago del tributo a las personas físicas, por lo que el Tribunal ha declarado extinguido el objeto del recurso en lo que se refería a dichas tasas.

Con respecto al proceso monitorio, esta modificación afecta a las personas jurídicas que no estaban ni están exentas del pago de 100 euros de cuantía fija para la presentación del procedimiento, pero sí están exentas, a partir del 15 de agosto de 2016, de la cuota variable.